La provincia de San Juan, en Argentina, ha dado un paso firme hacia la regulación de las apuestas en línea. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca garantizar el orden público, erradicar el juego ilegal y promover un juego responsable. Este avance legislativo también apunta a prevenir comportamientos adictivos y luchar contra el fraude en este sector.
Regulación integral del juego online
La ley define el juego en línea como cualquier actividad que implique rifas, apuestas o combinaciones al azar donde se pongan en juego dinero u objetos de valor. Estas actividades deberán realizarse a través de medios digitales, electrónicos, informáticos, telemáticos o cualquier tecnología futura que permita este tipo de operaciones.
Durante el debate parlamentario, los diputados Franco Aranda y Juan de la Cruz Córdoba presentaron argumentos clave para la aprobación del proyecto, logrando un respaldo unánime. Además, otros legisladores, como Horacio Quiroga, Mario Herrero, Marisa López y Juan Carlos Quiroga Moyano, también se pronunciaron sobre el impacto de esta nueva regulación.
Juego ilegal bajo la lupa
La normativa considera como juego ilegal cualquier actividad de apuestas en línea llevada a cabo por operadores sin licencia otorgada por la autoridad competente de la provincia. Incluso aquellos operadores con licencia que no cumplan con los requisitos específicos establecidos en la ley serán sancionados.
Para combatir estas prácticas, la autoridad reguladora estará facultada para bloquear direcciones IP, servidores, servicios de alojamiento web, métodos de pago y cualquier otro recurso necesario para detener actividades ilegales.
Enfoque en la protección social
El proyecto no solo se centra en combatir el fraude y la ilegalidad, sino que también prioriza la protección de grupos vulnerables. Entre sus objetivos está evitar comportamientos adictivos y proteger a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
La implementación de esta ley promete transformar el panorama del juego en línea en San Juan, estableciendo un equilibrio entre el desarrollo económico del sector y la protección de los derechos de la ciudadanía.
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